Con un cachetazo histórico a la crueldad y el agravio de parte del gobierno de Javier Milei, el senado rechazó el veto que afectaba a los discapacitados con semejante ajuste. Y este rechazo se dio por amplia mayoría, devolviendo al colectivo más afectado por el ajuste y las coimas del gobierno. Hacía 22 años que el Congreso no lograba rechazar un veto presidencial. Y por amplia mayoría la cámara alta aprobó el proyecto de ley poniendo limitación a los DNU,

El Gobierno tuvo otro jueves negro en el Senado con un doble revés. En medio del escándalo por las coimas en la ANDIS y con el presidente paseando por Los Ángeles, la Cámara Alta volteó el veto a la Emergencia en Discapacidad y dejó firme la ley. Con 63 votos a favor y 7 en contra, se revirtió el primer veto presidencial de la era Milei. Los libertarios sólo contaron con dos apoyos externos: la cordobesa del PRO Carmen Rivero y Francisco Paoltroni. El resto del arco político confluyó para dar un golpe histórico: hacía 22 años que el Congreso no lograba revertir un veto del Poder Ejecutivo. Si bien el Ejecutivo debe cumplir con su promulgación desde este viernes, en la Casa Rosada ya trabajan en una estrategia para judicializar la norma.

Además, el Senado dio media sanción a la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, el instrumento preferido de Milei para esquivar al Congreso. La oposición cosechó 56 votos para su aprobación, 8 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa ahora se debe tratar en Diputados.

Mientras el Senado debatía, el gobierno analizaba con su equipo jurídico la estrategia para judicializar la norma. Una advertencia llegó de la mano del santacruceño Antonio Carambia: “Esperemos que el señor presidente de la Nación la aplique como corresponde y no hagan ningún artilugio legal para no darle solución a tanta gente que está necesitando en diferentes lugares de la Argentina. Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”. El Ejecutivo debe cumplir con su promulgación desde este viernes. Si hay dilaciones la oposición avanzará en denunciar al presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ley que sobrevivió al veto presidencial declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisiones periódicas. Establece la actualización automática del nomenclador de prestaciones según el IPC y la recomposición de aranceles retroactiva al 1° de diciembre de 2023.

Un límite a los DNU

El otro golpe que recibió Javier Milei fue la media sanción a la modificación de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La oposición consiguió 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

La norma establece que cada DNU sea tratado en un plazo máximo de 90 días y dispone que con el rechazo de una sola cámara quedarán sin efecto. También prohíbe al Ejecutivo volver a dictar decretos de contenido similar durante un año y habilita a ambas cámaras a ocuparse de su tratamiento incluso en período de receso. Como si fuera a medida del gobierno el texto prohíbe los DNU ómnibus como el 70/2023. La iniciativa alcanza tanto a los DNU como a los decretos delegados, como los que recientemente fueron anulados por el Congreso.

El eje argumental del debate fue el abuso del Gobierno con los decretos.