La ley antiprotestas tiene un error de tiempo, de modo y de fondo. No es momento de imponer sino de convencer. Esta ley aumenta el grado de confrontación. El modo en que fue tratada, entre las sombras, sin que los sectores involucrados puedan participar y emitir opinión, pues no se trató en comisión en ninguna de las Cámaras. Y el fondo porque la norma restringe de tal modo el derecho a la protesta, que es una forma de opinar, que vulnera el derecho constitucional.
Según nuestro preámbulo, la nuestra es una democracia participativa. Pero los requisitos para ponerlas en marcha, dependen no de la voluntad ciudadana, sino de los representantes que solo admiten la voluntad ejecutiva. Pero el gobernador podía y puede, abrir la discusión para que ningún sector se sienta excluido. De este modo consensuar una norma que, sin cercenar los derechos constitucionales, garantice que los terceros no involucrados en la protesta, no sufran daños innecesarios. Si esta especie de nuevo contrato social se aprueba por referéndum, todos nos sentiremos obligados a cumplirla.
El imperio, que es el sustento moral y material que tienen quiénes gobiernan, para garantizarnos paz y justicia, en los hechos ha desaparecido. Todo se consigue con el uso de la fuerza. Los piqueteros; los sindicatos, que impiden el acceso a ciudades; los profesionales; la policía, como ocurrió en la Provincia de Buenos Aires, que bloquearon la casa de gobierno. Los piquetes de nuestro norte consiguieron agua y mejores servicios, como la rebaja tarifaria en la energía. Nuestros docentes hicieron lo que hacen todos. Cortan rutas para obligar al gobierno a conceder sus demandas. Si todos lo hacen, ¿por qué no ellos? Por eso, esta crisis nos obliga a tener firmeza para defender los derechos de terceros y paciencia para estudiar el petitorio y ofrecer una solución razonable, proporcionada realmente a nuestras posibilidades presupuestarias.
La protesta debe causar molestias, pero no causar daños, a veces irreparables, como los enfermos que se murieron en el camino pues no dejaban pasar las ambulancias. Quién busque resultados con la protesta, creo que primero debe convencer a la comunidad de la legitimidad de sus requerimientos. Si lo logra, ningún corte de ruta será necesario.
En un laberinto, el entrecruzamiento de caminos, calles, obstáculos, dificulta enormemente encontrar la salida. En Salta, la crisis provocada por los reclamos docentes y de salud nos sume en un laberinto al que Gustavo no le encuentra salida. Algún día entenderá que del laberinto se sale por arriba. Y cuando la crisis que nos coloca en un laberinto es política, se sale por arriba con más política.
Las peticiones son de vieja data. Y nunca fueron respondidas. El ninguneo fue la respuesta. Y la consecuencia de este ninguneo es la toma de la calle y el corte de rutas por los autoconvocados. El gobierno se ajustó a la ley. Solo realizamos convenios con los gremios con personería, invocan. Pero estos gremios no representan a la mayoría que tomó las calles. Gustavo quiso salir del laberinto y tomó el sendero equivocado.
No logró salir con el protocolo para el uso de la fuerza pública y tampoco lo logrará con la ley antiprotestas, pues el hambre y la bronca son más poderosas que el miedo. El exceso en el uso de la fuerza en Aunor, fue respondido con movilizaciones multitudinarias, prácticamente desconocidas en Salta. Los autoconvocados fueron tratados como cosas y le demostraron que son personas ejerciendo derechos naturales y además amparados por la Constitución Nacional, Provincial y los tratados y el derecho internacional.
Gustavo, ganador indiscutido de la elección, con índices que lo proyectaron a nivel nacional, al punto de que se lo mencionaba como candidato a presidente de la república, ha logrado el repudio de la ciudadanía salteña, aunque los empresarios apoyan su desmesura. El rectorado de la Universidad Nacional de Salta, la CGT, sindicatos, las organizaciones docentes de nivel nacional, partidos políticos o fracciones de los mismos, rechazaron el uso desmedido de la fuerza. Le auguro poca vida a la ley antiprotestas, pues con toda certeza se pedirá se la declare inconstitucional, con altas posibilidades de que se haga lugar a la demanda.
El laberinto en que Evo Morales sumió a Bolivia, cuando perdió el referéndum que intentaba autorizar un nuevo mandato prohibido por su constitución, con su ciudadanía altamente movilizada, salió del laberinto mediante la política. Renuncio a su cargo de presidente.
De la Rua, con muertos, heridos y detenidos en Plaza de Mayo, no pudo mediante la represión evitar de que la ciudadanía se siga expresando, a pesar del terror que se quiso infundir. Salió del laberinto con su renuncia.
Al ilustre Alfonsín las variables sociales, económicas y políticas se le salieron de control.
Adelantó las elecciones, renunció y permitió que Menem asumiera la presidencia seis meses antes. La solución fue política.
En España, sumida en una crisis fundamentalmente inflacionaria, como la nuestra, salieron del laberinto por decisión política unánime de sus representantes, incluyendo a comunistas y socialistas. Se lo conoce como Pacto de la Moncloa.
En Chile, en 2019, los estudiantes y trabajadores tomaron las calles y prosiguieron luchando a pesar de los muertos, heridos, perseguidos y encarcelados. La solución fue política. Salieron del laberinto convocando a una reforma constitucional. Perdieron los partidos tradicionales. La Constituyente, dominada por la izquierda, ofreció un proyecto que no contemplaba el sentir de la mayoría de los chilenos y fue rechazada por mucho más del 60% de los votos. Una nueva convocatoria para reformar la constitución, permitió el resurgimiento de los partidos tradicionales. Nuevamente fue la política la que permitió a los chilenos salir de un nuevo laberinto.
La política nos permitió salir del laberinto menemiano del uno a uno, con Duhalde y Remes Lenicov, su ministro de economía. Fueron años duros, pero con sacrificio parejo.
Para salir de nuestro laberinto, a mi leal saber y entender, es necesario que el Gobernador tome las siguientes medidas.
- Aceptar la renuncia del Ministro de Educación, que condujo este proceso con notable impericia.
- El ministro de Economía anunció un superávit fiscal de doce mil millones y luego les dice a los autoconvocados que no hay dinero. Los políticos en este momento histórico no son creíbles. Tienen que demostrar sus asertos.
- A pesar de que la Constitución y la ley nos obligan a brindar información, en Salta no es así. No se conoce el buen manejo de los fondos públicos. No se conocen las remuneraciones de los altos funcionarios de los tres poderes y de los organismos de control y descentralizados. Es razonable que creamos que existen sueldos veinte o treinta veces mayor que la jubilación nacional mínima. O quince veces más que el salario inicial de una maestra de grado. Si un concejal de la Municipalidad de Salta gana un millón de pesos, ¿cuánto ganan los que están más arriba? El esfuerzo y eventualmente el sacrificio debe ser parejo y muy pocos creen que es así.
- Aprovechar esta crisis para superarla comprometiendo a los docentes a mejorar la enseñanza y a discutir su participación en las grandes decisiones. El Consejo General de Educación, eliminado en la gestión juancarlista, era un ejemplo de conducción autónoma de la educación.
La crisis puede ser una oportunidad. La aprovechemos.
El gobernador de Salta tiene mucho poder. Por eso confunde mando con conducción. La conducción requiere convencimiento de los dirigidos. El mando, solo obediencia.
Dios Guarde a Salta.
