Referentes de barrios populares de Salta, primero en su conferencia de prensa realizado el lunes 4 de mayo y luego en distintos medios de comunicación y plataformas en redes, manifestaron su preocupación ante el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y modificar el marco normativo vigente sobre tierras y desalojos.

Su mayor preocupación es el estado de angustia, que ha generado el gobierno libertario de Javier Milei, que mediane un proyecto de ley pretende modificar la Ley 27.453. Algo que encendió la alarma en los barrios populares de Salta.

 

Una de las referentes de los barrios populares y del barrio Tinkunako de Salta, Dina Guaymás, advirtió que “el cambio normativo podría agravar la situación de miles de familias, que viven en distintos barrios populares de Salta.

 

Las referentes, e integrantes de la mesa de los barrios populares, explicaron en la conferencia de prensa, que el número de barrios populares habría crecido en los últimos años, pasando de 154 registrados entre 2018 y 2023 a unos 354 en la actualidad, con una fuerte presencia en el interior. Los barrios padecen de condiciones estructurales deficitarias, con una significativa cantidad de hogares sin servicios básicos.

 

“Queremos regularizar, pagar los servicios y ser parte del sistema”, planteó Guaymás. A la vez, que remarcó que muchas familias se asentaron en terrenos ociosos ante la imposibilidad de afrontar alquileres.

 

Desde el sector advirtieron que una eventual modificación de la legislación podría favorecer a los propietarios de tierras en detrimento de quienes habitan esos espacios desde hace años. En ese sentido, señalaron que podrían producirse desalojos y situaciones de conflicto.

 

También explicaron que, hasta ahora, el abordaje habitual consistía en instancias de negociación con los dueños de los terrenos para buscar soluciones consensuadas. Sin embargo, consideró que el nuevo esquema podría limitar esas alternativas.

 

“Hay familias que viven hace 10, 20 o hasta 40 años en estos lugares. Ya construyeron sus casas y desarrollaron su vida ahí”, indicó y agregó: “Si nos desalojan, ¿a dónde vamos?”.

 

Ante este proyecto, Guaymás informó que enviaron comunicaciones a legisladores nacionales solicitando que no acompañen la modificación de la norma. Además, reclamaron mayor intervención del Estado provincial para garantizar soluciones habitacionales.

 

Según detalló, en Salta existirían alrededor de 120 mil familias viviendo en barrios populares, lo que dimensiona el alcance potencial de la problemática.

 

“Pedimos que se nos escuche y que se tenga en cuenta nuestra realidad”, señalaron.

 

El proyecto a que se refieren los integrantes de los barrios populares, propone cambios como proponer reforzar el derecho de propiedad privada, limitar las expropiaciones y acelerar los procesos judiciales de desalojo.

 

Además, el proyecto oficial incluye la eliminación de mecanismos de expropiación generalizada en barrios populares, la habilitación de procedimientos más rápidos para desalojar inmuebles y una mayor intervención de provincias y municipios en la resolución de conflictos. O sea, que le vuelve a tirar la pelota a los gobiernos provinciales y municipales.

 

Y como si fuera poco, también, incluye modificaciones al acceso a tierras rurales para extranjeros, eliminando el cupo restrictivo que hoy existe; y busca cambios en la Ley de Manejo de Fuego, para habilitar el uso de tierras incendiadas sin esperar los años que se prevén hoy a los fines de recuperar el espacio quemado.

 

De ahí la preocupación de los barrios populares, no sólo de Salta sino de todo el país, ya que advierten por el cambio de una ley que pondría en riesgo terrenos ocupados

 

Referentes advirtieron sobre el impacto de una posible modificación legal que podría habilitar desalojos y frenar procesos de urbanización. En Salta capital hay 52 barrios en esta situación y reclaman una mesa de trabajo con el Estado.

 

Una referente explicaba, ”, sostuvo en diálogo con Radio Salta, que este proyecto de Milei, “Nos pone con mucha angustia, con mucha preocupación, porque nos volvería a llevar a la invisibilización. Y reconoce que la ley actual permite avanzar con obras de urbanización y regularización dominial, pero el nuevo escenario podría dejar sin financiamiento esos procesos.

“Este gobierno nos está sacando todo”, agregó, en referencia al freno de programas y fondos que impactan directamente en los barrios.

 

Qué dice la Ley 27.453

La Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, sancionada en 2018, declara de interés público la integración urbana de los barrios populares registrados en el RENABAP. Facilita la expropiación de tierras, suspende desalojos y promueve el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad para residentes de villas y asentamientos. [1, 2, 3, 4]

 

Uno de los principales reclamos , que están llevando adelante los referentes de los barrios populares, están vinculado a la paralización de obras básicas. En el caso del barrio Tinkunaku, Dina Guaymás explicó que el proyecto de cloacas ya estaba planificado, pero quedó detenido.

 

 

“Estamos en proceso de regularización, pero el proyecto de cloacas quedó frenado”, indicó. A esto se suma la falta de infraestructura esencial en muchos sectores, donde el acceso a servicios sigue siendo precario.

 

Según detalló, en Salta capital existen 52 barrios populares, mientras que en toda la provincia son 354. “No solo el cambio climático afecta, sino también la falta de obras estructurales en estos barrios”, señaló.

 

“Quieren modificar la ley para que la parte privada nos desaloje”, explicó. Muchas de estas familias llevan décadas viviendo en esos lugares: “Son terrenos que estamos usando hace 30 o 40 años, eran espacios abandonados”.

 

En el interior de la provincia ya se registraron casos concretos. “En Santa Rosa ya hubo notificaciones y en Salvador Mazza hay un barrio donde el dueño inició trámites para desalojar”, indicó.

 

Ingresos bajos y falta de acceso a vivienda

La referente también puso el foco en la situación económica de los vecinos. “Nuestros trabajos son informales, no llegamos a pagar un alquiler”, explicó, y agregó que la falta de políticas habitacionales agrava el problema.

 

Reclamo por una mesa de trabajo con el Estado

 

Desde la Mesa de Barrios Populares insisten en la necesidad de abrir un canal de diálogo con autoridades provinciales y municipales. El objetivo es avanzar en soluciones concretas.

 

“Pedimos que se arme una mesa de trabajo con Provincia y Municipalidad para analizar, evaluar y que escuchen nuestras propuestas”, sostuvo Guaymás.

 

Según indicó, ya hubo un compromiso de reuniones periódicas con el municipio, pero no se concretaron. “Se cumplió un año y no se logró ese espacio para seguir trabajando”, señaló.

 

Un escenario abierto y en discusión

 

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, las organizaciones sociales se mantienen en estado de alerta. A nivel provincial, estiman que más de 120 mil salteños podrían verse afectados por cambios en la normativa.

 

De ahí que exigen que los legisladores nacionales por Salta, apoyen la demanda de los barrios populares de Salta. Y voten en contra de ese proyecto de ley que es un retroceso en el objetivo de la ley actual, la 27.453, que, apunta a regularizar los distintos barrios populares, con un proyecto de integración urbana. Y que compromete recursos financieros para que las provincias y municipios puedan brindar una mayor calidad de vida de los ciudadanos dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

En ese contexto, los referentes barriales buscan anticiparse. “Queremos estar preparados, con propuestas, para ver cómo seguimos y llegar a una solución”, concluyó Guaymás.