El fiscal Pérez Alsina explicó que se va a realizar "una acción de amparo que se va a interponer ante la Corte de Justicia de la Nación, para que se restablezcan en forma inmediata las pensiones no contributivas y que han sido ilegítimamente anuladas".

Después de que el gobernador Gustavo Sáenz instruyera a la Fiscalía de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”, el fiscal de Estado Juan Pérez Alsina brindó una conferencia para explicar los pasos a seguir y las medidas tomadas por el Gobierno provincial.

En la misma Pérez Alsina explicó que se va a realizar "una acción de amparo que se va a interponer ante la Corte de Justicia de la Nación, para que se restablezcan en forma inmediata las pensiones no contributivas y que han sido ilegítimamente anuladas".

Junto al coordinador general de Fiscalía, Pablo Gustavo Buccianti y la coordinadora de administración y recursos humanos de la Fiscalía de Estado, Ana Carolina Geist, el fiscal de Estado indicó que "en el mismo marco nos instruye para que también existan auditorías en forma urgente, también que no se hicieron, para establecer cuáles son las pensiones que corresponden y cuáles son las que no corresponden".

Para Pérez Alsina "ha habido una morosidad del Estado Nacional en realizar estas auditorías y, en virtud de esta morosidad, lamentablemente, indiscriminadamente, anularon prácticamente muchísimas que sí correspondían. Entonces, en virtud de lo que nos compete por Constitución, nuestra Constitución provincial que establece al Gobierno la preservación y la obligación de establecer la salud física, (1:13) psíquica y emocional, así lo dice el tectónico de la Constitución provincial, tenemos que hacer esta acción de amparo".

Explicó que el Gobierno Nacional iba a hacer una auditoría "creo que a través del PAMI, para que se diga si realmente hay discapacidad o no, eso era todo. O sea, ha sido un tema de comunicación, y en vez de esperar que se llegue a todas las personas para que tengan ya el derecho y la posibilidad de someterse a la auditoría, antes de terminar todo este circuito, las anudaron, las quitaron".

Desde Misiones también indicaron que enviarán un recurso de amparo y preguntado si es que se unirán al menos ambas provincias, Pérez Alsina dijo que "por razones jurídicas y constitucionales el mandato es de cada provincia y del gobernador que decida instruir a su respectiva fiscalía para hacer estas acciones".

En el caso de Salta el Ministerio de Salud se adelantó

Para el fiscal de Estado, Salta fue una provincia "muy responsable", especialmente desde el área de Salud. "el Ministerio de Salud Pública, adelantándose a todo esto, empezó a pedir información a la nación. No es que el gobierno nuestro, en forma intempestiva, viene y halle la acción de amparo. Se instruyó al Ministerio de Salud, y así se hizo a través de la Secretaría de Discapacidad, para que se pidan informes sobre todas estas pensiones".

Y aclaró que en este caso "es provincia contra Nación, entonces va directamente a la Corte, que es lo mismo que hizo Misiones".