Entramos al 2024 con una enorme incógnita sobre nuestras cabezas. Convengamos que siempre tuvimos alguna incertidumbre, pero esto se pasa de castaño obscuro.

El nuevo Gobierno ha decidido destruir todas las instituciones con el argumento de que así se destruye a la “casta” que retrasa al país.

 

Al mismo tiempo vemos claras intenciones de destruir a ese “atrasado país de mierda”, desmembrando sus partes mediante la venta, seguramente al extranjero, de tierras, empresas, incluso del capital más importante de la Nación, su gente.

 

Los que hasta ayer protestaban porque sus hijos estaban partiendo a juntar kiwis a Nueva Zelandia, comenzarán en breve a comprar pasajes para sí mismo y hacerse un lugarcito en la lista de cosechadores. Porque para esclavos globales hay un montón de lugares en el mundo.

 

Lo primero que nos sacaron fue la mitad del sueldo en dos actos, devaluación de la moneda el 118% y eliminación de todo sistema de control de precios.

 

El primer acto cumple con la función de hacer más barato en dólares el valor del trabajo, de las jubilaciones y de las pensiones.

 

El segundo viene a verificar que los controles de precios si funcionan, porque apenas los sacaron los precios se fueron al cielo.

 

La filosofía de eliminar controles y la de libertad de mercado padecen el mismo error que es considerar que el “mercado” y sus participantes gozan de toda la información y relación equivalente de fuerzas. Eso no sucede ni aquí ni en la Cochinchina.

 

Los poderosos tienen más poder sobre el resto de los participantes del mercado porque, justamente, son poderosos. Además, cuentan con información que ellos obtienen o que ellos producen. Por último, al tener vínculos socioeconómicos con otros poderosos, pueden proponer estrategias de “mercado” conjuntas.

 

Así, ARCOR, Mondelez, Danone, Unilever, Mastellone, Nestlé o MOLINOS Rio de la Plata pueden llamarse por teléfono y “coincidir” en producir, generar, establecer un aumento de precios generalizados que será incrementado por los pequeños comerciantes desesperados por no quedarse atrasados con los precios y perder stock.

 

Las Leyes vienen a compensar esta “potencia” que tienen algunos para intervenir sobre el mercado. Le dan herramientas al pequeño consumidor para defenderse. ¿Alcanza? ¡No!

 

El tercer acto es muy importante. Generaron esta crisis y ahora toca ofrecer a la población una solución. ”LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DE LOS ACTIVOS DEL ESTADO”.

 

Allí caen YPF, Atucha, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etc. Muchas de estas empresas generan ganancias para su dueño, el Estado. ¿Por qué perder esos ingresos?

 

Por la simple razón de que esas ganancias se las quieren quedar otros. Otros que, nacionales o extranjeros, harán de ellas cualquier cosa.

 

Por ejemplo, una financiera obtiene el control sobre los yacimientos de YPF. Al no ser su foco de interés la industria petrolera, puede alegremente vendérsela a una empresa chilena o británica o china. Automáticamente ese recurso pasa a ser de ese país.

 

“Pero dan trabajo en la Argentina” argumentan “inteligentemente” los defensores de este proceso que ya se está dando con el Litio y la minería. ¿En serio que lo único que podemos obtener por nuestros recursos son unos cuantos dólares de inversiones que se irán al pozo apenas se agoten las reservas y algunos sueldos de trabajadores?

 

Pregunto porque las empresas en cuestión no solo obtienen ganancias para cubrir esa inversión de infraestructura y costo laboral, sino que ganan plata. Mucha. Mientras los Libertarios las regalan para atender una crisis que ellos mismos promovieron y consolidaron.

 

¿Y la Casta? Bien gracias. Haciendo negocios.