El Gobierno nacional viene presentando, desde mediados de 2017, varios proyectos de reforma laboral. Algunos, como el conocido programa televisivo "Intratables". Los primeros proyectos parecían escritos por Animales Sueltos: unas bestias que no tenían la menor idea de lo que estaban hablando.
Los proyectos sufrieron una sinuosa trayectoria, similar a la de algunas de esas melosas telenovelas que van entre el amor y el odio. Con alterados romances entre Macri, Moyano y la CGT. El último capítulo de esta tragicomedia se manifestó el martes pasado, cuando los jerarcas de la central obrera pegaron el "faltazo" a la reunión del Senado donde se iba a tratar el proyecto de blanqueo laboral. Pero en esta vida (casi) todo tiene su precio y el de la CGT fue cotizado en $13.000 millones que el Gobierno deberá depositar a favor de las Obras Sociales sindicales, si quiere ver "sentados" negociando a quienes también amenazan con quedarse "parados" (paro en protesta de las políticas gubernamentales), de no accederse a sus reclamos.
El proyecto básicamente consiste en una amnistía para los empleadores, que implica perdonarles las multas y las cargas sociales impagas por los trabajadores que tengan sin registrar. Como contrapartida, el empleador deberá registrar el vínculo laboral.
Aunque el proyecto no es muy extenso (20 artículos) resulta físicamente imposible desarrollar su justificación y contenido en esta nota. Nos limitamos, entonces, a destacar algunas de sus características:
1- No modifica ninguna disposición de la ley de contrato de trabajo y únicamente reforma parcialmente la ley nacional de empleo en lo referente al "empleo no registrado"
2- El blanqueo se extiende por 365 días, período en el que el empleador podrá resolver si blanquea o no a sus trabajadores. Un plazo que resulta inexplicable. La lógica indica que esa decisión debería ser resuelta en un plazo no mayor de 60 o 90 días.
3- Se condona el 100% de cualquier deuda que, por seguridad social, sindical o de obra social pudiera derivar del reconocimiento de una relación laboral (en los proyectos anteriores la condonación de deudas no alcanzaba las de origen sindical o provenientes de aportes y contribuciones a las obras sociales). A su vez se extinguen las acciones penales y se liberan las infracciones.
4- Los trabajadores "blanqueados" solo podrán computar un máximo de 60 meses de antigedad a los efectos previsionales, pero sin importar si tenían altas remuneraciones, solo se tendrá en cuenta el básico de convenio.
5- Se modifican las sanciones por trabajo no registrado establecidas en la Ley 24013. Siguen siendo a favor del empleado, pero se reducen parcialmente y aparece un nuevo "socio", la AFIP, que se lleva otro tanto igual al que perciba el trabajador. Insólitamente, se les prohíbe a los abogados que lleven juicios reclamando estas multas, cobrar honorarios (se trataría de un extraño trabajo gratuito, una nueva forma de esclavitud).
6- Se dispone la modificación del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, sobre certificado de servicios y remuneraciones.
7- Se establece una cláusula de "viva la pepa". Aparentemente quienes blanqueen trabajadores, durante dos años estarán exentos de pagar las contribuciones con destino al sistema integrado previsional.
Este beneficio se hace extensivo a todos los empleadores que durante el plazo estipulado para el blanqueo (365 días), den inicio a nuevas relaciones laborales, gozarán respecto de la misma exención y también por un plazo de dos años.
Estas últimas disposiciones que regalan dinero que tendrán que pagar todos los argentinos podrían haber sido encaradas de manera de condicionarlas para que se constituyera en una auténtica promoción de empleo; en especial para las pymes, que son las eternas olvidadas de este banquete.
Publicado en Diario El Tribuno de Salta
