La central obrera cuestionó el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras y reivindicó las movilizaciones que semanas atrás frenaron en el Congreso el intento del Gobierno de flexibilizar las restricciones. La CGT Salta también dio a conocer , en el mismo sentido, un documento repudiando el fallo de la corte .

La Confederación General del Trabajo (CGT) salió al cruce del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023 y dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras. La central sindical vinculó la decisión judicial con la disputa que semanas atrás llevó a distintas organizaciones gremiales a las calles para rechazar la extranjerización del territorio.

 

En un comunicado difundido este miércoles, bajo el título “Un fallo contra la soberanía y la voluntad popular: cuando la Justicia le da la espalda al pueblo”, el Consejo Directivo Nacional de la CGT expresó su “más enérgico repudio” a la decisión del máximo tribunal.

 

La central sostuvo que el fallo “dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023” y cuestionó que la resolución elimine los límites que regulaban el dominio extranjero sobre tierras rurales.

 

La Corte Suprema, sin embargo, fundamentó su decisión en una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no tenía legitimación para impulsar la acción y que no estaba configurado un caso o controversia judicial en los términos exigidos por la Constitución. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23.

 

El reclamo de la CGT

En su pronunciamiento, la CGT planteó que la resolución “desconoce una voluntad popular que se expresó con claridad en las calles”. En ese sentido, recordó las movilizaciones realizadas semanas atrás contra el intento oficial de flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

 

Según la central, aquellas protestas reunieron a miles de personas bajo la consigna “la Patria no se vende” y ejercieron presión social y política sobre el Gobierno, que finalmente retiró del Congreso el capítulo con el que buscaba avanzar sobre las restricciones vigentes.

 

“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la CGT en el comunicado.

 

La organización sindical sostuvo además que la decisión afecta la soberanía nacional y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023, luego de que el Senado ya se pronunciara en ese sentido.

 

“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la central.

 

Qué habían dicho los gremios durante el debate

La posición expresada ahora por la CGT tiene como antecedente directo la participación del movimiento obrero en las protestas contra la extranjerización de tierras.

 

Durante el debate legislativo, dirigentes de la CGT como Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, habían cuestionado la iniciativa impulsada por el Gobierno y planteado que flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a la tierra podía afectar recursos estratégicos y fuentes de empleo.

 

En ese momento, Solá había planteado que cualquier ingreso de capital debía contemplar no solo el cuidado de los recursos naturales, sino también la generación de “producción, desarrollo, empleo y salario digno”.

 

“La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite democrático y al servicio de qué proyecto de país”, había señalado el dirigente.

 

El planteo sindical no se limitó a las centrales obreras. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) también había rechazado la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

 

Desde el sindicato habían advertido que la medida podía favorecer una mayor concentración de la tierra y la formación de monopolios, además de provocar un aumento del valor de los terrenos y afectar el arraigo de los trabajadores rurales.

 

En ese marco, UATRE había sintetizado su posición con una consigna: “La tierra argentina debe seguir generando trabajo justo para los trabajadores rurales argentinos”.

 

Una disputa que vuelve al centro de la escena

La decisión de la Corte reabrió así una discusión que había quedado instalada durante el debate parlamentario y las movilizaciones gremiales.

 

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen.

 

La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo y mantenido vigente la protección establecida por la Ley de Tierras. Ahora, la Corte Suprema revocó esa sentencia a partir de la falta de legitimación del CECIM, por lo que la derogación dispuesta por el DNU vuelve a quedar operativa.

 

Para la CGT, el nuevo escenario vuelve a poner en discusión la soberanía territorial, el destino de los recursos naturales y el vínculo entre propiedad, producción y empleo.

 

La central cerró su pronunciamiento con un rechazo a “cualquier intento de extranjerización indiscriminada” y reclamó que las instituciones respeten “los límites que establece nuestra Constitución” y la voluntad expresada en las calles.