La Justicia Federal le dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei y aceptó la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Rodolfo Aguiar, que solicita dejar sin efecto la Resolución 1240 del Ministerio de Economía que establecía el pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores del organismo. El fallo impone una multa diaria de $10.000.000 por damnificado al Estado en caso de demorar la aplicación de la medida judicial y advierte por el posible cometimiento del delito de desobediencia.
La Justicia Federal falló a favor de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y dio lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La resolución del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo n°2 de San Martín frenó los 300 pases a disponibilidad en el organismo realizados la última semana e impuso una millonaria multa diaria al Gobierno de Javier Milei en caso de incumplimiento.
La decisión fue tomada el 26 de agosto de 2025 por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, en una causa caratulada «ASOCIACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL-PODER EJECUTIVO NACIONAL s/AMPARO SINDICAL«. El fallo se suma a una serie de reveses judiciales que la administración actual sufrió en el ámbito laboral y obliga al Gobierno, a través del Ministerio de Economía, a dar marcha atrás con la Resolución 1240, que pretendía dejar en situación de disponibilidad a 300 trabajadores del organismo.
La nueva resolución judicial es una ratificación de una cautelar previa, emitida la semana pasada, que ya había intentado frenar las medidas de ajuste en el INTA. A pesar de esa primera orden judicial y de la posterior votación del Senado que derogó el DNU del gobierno que afectaba y amenazaba con disolver el organismo, la administración nacional avanzó con los pases a disponibilidad, lo que llevó a ATE a recurrir nuevamente a la Justicia.
Multa millonaria y posible delito por desobediencia si se incumple el fallo
El fallo de la jueza Martina Isabel Forns establece una sanción económica contundente para el Gobierno nacional y lo intima a cumplir con la orden «bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) diarios» a favor del titular del derecho. La jueza aclara que la medida cautelar no puede ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste y que su resistencia «justifica total o parcialmente su proceder» de acuerdo con el artículo 37 del CPCCN y 804 del CCyCN.
Además, el Juzgado dispuso la remisión de copias de todo lo actuado a la Justicia Federal Penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal). Esto podría generar consecuencias penales para los funcionarios que no acaten la orden judicial.
Aguiar celebró el fallo y destacó que “ATE frena los pases a disponibilidad” en el INTA
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró efusivamente la victoria judicial a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en la plataforma X (exTwitter), el dirigente gremial anunció que “ATE FRENA LOS PASES A DISPONIBILIDAD” y destacó la imposición de una multa diaria de $10.000.000 en caso de que el Gobierno no acate la orden.
Aguiar apuntó directamente al presidente Milei, preguntándole si “¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”. En la misma publicación, el sindicalista tildó a los funcionarios de ser “bastante cabeza dura” y los acusó de “coimeros”, en referencia al escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a la hermana del primer mandatario, Karina Milei.
EL gremialista finalizó su mensaje con una reflexión sobre la situación: «A pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar!!», destacó. El comentario viene a cuenta del creciente número de victorias judiciales que los sindicatos obtuvieron en su disputa con el Gobierno por las políticas de ajuste y despidos en el sector público.
Resumen del conflicto
El conflicto se desató tras un intento del Gobierno de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, a pesar de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar en contra y el Senado ya había rechazado el Decreto 462/25. Los gremios ATE y APINTA denunciaron que la medida, firmada por el Ministerio de Economía, ignoraba la división de poderes y la ley, y que además buscaba una «persecución sindical», ya que el listado incluía a delegados sindicales.
Fuente: Mundo Gremial
