¿El Congreso y los Gobernadores deben deba r y aprobar el acuerdo con EEUU?

El reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, tiene sus aristas positivas o negativas, dependiendo de qué color de cristal se lo mire.

Hemos escuchado o leído muchas opiniones al respecto, sin embargo, lo que más me llama la atención es la nula participación que tiene el Congreso nacional, en un acuerdo que el presidente Milei ha suscripto con la administración Trump, siendo que el mismo afectará, de una manera u otra el presente y el futuro de todos los argentinos.

 Con el perdón de mi ignorancia al respecto, ese ninguneo que lleva adelante Milei firmando ese tratado, ¿no tiene que pasar por el Congreso (que representa a todos los argentinos y a las provincias argentinas) algo que afecta al patrimonio y soberanía de la Argentina?

 Y a los gobernadores, tampoco se le pidió la opinión respecto a este acuerdo con EEUU; sabiendo de antemano las consecuencias que tendrá el mismos en economías regionales.

Si tuviera que dar un juicio provisional, diría que más bien el acuerdo parece inclinarse hacia un beneficio inmediato para Estados Unidos o para intereses específicos, más que para una mejor política de un país más federal, donde el acuerdo sirva a una clara distribución en el valor de la riqueza de toda la economía argentina. Eso lo decimos ante lo que no está claro que haya posibilidades de que Argentina saque provecho, del mismo, ya que está afectando los costos en términos de soberanía, regulación y protección de la industria local.

Entonces nos preguntamos, que está haciendo el Congreso de la Nación y los gobernadores de las distintas provincias, para poner la discusión de un acuerdo que, desde en un principio, coloca a Argentina en una posición de mayor vulnerabilidad, al ceder soberanía monetaria o regulatoria y condicionadas por la vía del swap o de la cláusula de inversiones que impuso, desde el vamos, el gobierno de EEUU.

Porque a la luz de lo conocido por el propio gobierno de EEUU, y no de nuestro país, esto podría afectar la industria local y la producción. Y al no conocerse la letra chica del acuerdo, está generando mucha incertidumbre sobre los compromisos concretos y acerca de quiénes serán los beneficiados reales.

En definitiva, estamos ante un escenario de riesgo-beneficio mixto, donde la variable crítica será cómo se implemente, qué sectores queden protegidos, y cómo se negocien los detalles.

Políticamente, el acuerdo es un arma de doble filo: fortalece la posición de Milei en el corto plazo, pero puede generar divisiones internas y dependencia en el largo plazo.

¿Eso fue lo que voto el pueblo?

La decisión de Milei va en esa dirección de firmar un acuerdo donde la Argentina tiene más costos que beneficios. ¿Y legisladores nacionales van a hacer valer rol constitucional de validar este acuerdo en defensa del interés nacional y de sus habitantes?

Los gobernadores no solo tienen el derecho de meterse en el debate de aprobación de ese acuerdo, sino que están obligados a hacerlo.